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Las políticas de seguridad implementadas en los últimos años no han tenido impactos duraderos en el control del delito. Los datos oficiales no han registrado avances positivos a lo que se suman los discursos punitivos y autoritarios. Las políticas integrales son cada vez más necesarias, ya que los círculos viciosos de violencia y exclusión -muchas veces enquistados en ciertos territorios- son un escenario complejo que exige una mirada integral desde una perspectiva de izquierda.
Casa Grande propone
Que un cuarto gobierno frenteamplista redoble la apuesta para lograr un verdadero cambio de paradigma.
Para ello, sería necesario trabajar sobre tres ejes:
1) SEGURIDAD: ANTICIPACIÓN AL DELITO
La seguridad es una necesidad básica de cualquier sociedad democrática y un derecho de todas las personas. En toda América Latina se ha presentado como un desafío para los gobiernos nacionales. Sin embargo, con un enfoque preventivo y comunitario, aliado a una articulación entre las instituciones y gobiernos locales, es posible enfrentar el problema.
Como políticas de prevención que pueden dar resultados tanto en el corto como en el largo plazo, Casa Grande propone:
- Políticas de desarme civil, control y tenencia responsable de armas de fuego.
- Plan Nacional de Reducción de Homicidios.
- Prevención de la violencia de género y la aplicación efectiva de la Ley por una vida Libre de Violencia Basada en Género.
- Políticas de prevención de la violencia hacia niños/as y adolescentes.
2) PROTECCIÓN: CONTROL Y PREVENCIÓN
Las políticas de «mano dura» y «tolerancia cero» no han eliminado la violencia de la sociedad, sino que muchas veces se transforman en impulsores de conflictos. Necesitamos un modelo policial que garantice los derechos humanos como un deber ser institucional, con una formación enfocada en la detección, prevención del delito y resolución de los conflictos.
Esto pone en el centro a la ciudadanía, y particularmente a las víctimas.
- Policía comunitaria: que conozca el territorio y la comunidad, capacitada para la resolución de conflictos.
- Policía igualitaria: que incorpore la perspectiva de género en su accionar y pueda prevenir y controlar situaciones de violencia de género.
- Policía inteligente: incorporación de tecnología y manejo de fuentes de información para investigar de forma coordinada con Fiscalía, principalmente para hacer frente a los delitos complejos como los de “cuello blanco”.
3) INCLUSIÓN: POLÍTICAS PENITENCIARIAS
Uruguay tiene un gran problema en materia carcelaria, con altos índices de encarcelamiento. Al mismo tiempo, las condiciones actuales de reclusión no permiten la rehabilitación. En conjunto, el sistema actual es costoso e ineficaz. Las unidades penitenciarias deberían ser lugares que posibiliten la reinserción social, garantizando la reducción de los niveles de reincidencia. Así sería posible romper círculos de exclusión y violencia.
- Medidas no privativas de libertad para determinados delitos, garantizando su reinserción social a través de la visibilidad y convivencia comunitarias.
- Egreso y reinserción: políticas enfocadas en la preparación para la vida en la comunidad, acompañamiento y seguimiento para la inserción laboral y/o educativa.
- Unidades penitenciarias abiertas a la cogestión con la sociedad civil y proyectos de extensión universitaria.