La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA) publicó recientemente un informe de situación de las medidas que se implementan para asegurar la potabilización del agua en la cuenca del Santa Lucía y Laguna del Sauce. Es destacable el valioso aporte que constituye esta evaluación técnica desde un organismo independiente de los ministerios encargados de ejecutar las medidas. En esta oportunidad nos referiremos únicamente a lo vinculado a la cuenca del Santa Lucía. Los hallazgos del informe revelan que si bien hay avances en la ejecución de algunas medidas, en otras hay escasa o nula ejecución. Lo preocupante de la situación es que las medidas en las que más se avanzó corresponden al control de contaminantes de fuentes puntuales, como industrias, ciudades o tambos grandes, que explican sólo 20% de la contaminación con fósforo que llega al río. En cambio, sobre las fuentes difusas, vinculadas a la actividad agrícola, lechera o agrícola-ganadera, que explican 80% de los aportes de fósforo, las medidas tendrían escaso avance, según el informe citado.

En marzo de 2013 el agua provista por OSE presentó durante unos tres días un fuerte olor y sabor a tierra, lo que generó alarma pública sobre la calidad del agua potable. A partir de ese hecho se diseñó un plan de acción para mejorar la calidad de las aguas que llegan al embalse de Paso Severino, que contenía 11 medidas. El mal olor del agua fue el catalizador de las decisiones gubernamentales, pero las causas del evento eran conocidas por quienes trabajan el tema desde muchos años antes. Las floraciones de algas, que entre otros problemas generan mal sabor, tienen su causa principal en los elevados niveles de fósforo que presentan los cursos de donde se extrae el líquido para el proceso de potabilización. A esta problemática se la conoce como contaminación eutrófica.

Según el informe publicado por URSEA, las medidas del plan de acción orientadas a fuentes puntuales fueron llevadas adelante con bastante éxito. Estas incluían fiscalizar el cumplimiento de la normativa respecto de los vertidos industriales y domésticos. En el caso del sector industrial se llevaron adelante importantes inversiones en estos últimos tres años para tratamientos terciarios de los efluentes que permitieron cumplir con una normativa que data del año 1979, internalizando de esta forma en las empresas los costos de evitar la contaminación dentro del proceso productivo. La responsabilidad sobre los vertidos domésticos recae sobre OSE, que también ha llevado a cabo importantes inversiones y planifica otras para los próximos años, que permitirán cumplir con la concentración de fósforo y nitrógeno en los vertidos.

Sin embargo, el mismo informe, a la hora de evaluar aquellas medidas que se proponían actuar sobre las fuentes difusas que están vinculadas a la producción agropecuaria, plantea escasos avances y lentitud en la ejecución, por lo que no se estaría evitando la principal causa de contaminación eutrófica en la cuenca. En el caso de la tercera medida del plan, que exige a todos los padrones de la cuenca el control de la aplicación de nutrientes y plaguicidas conjuntamente con los Planes de Uso, Manejo y Conservación de Suelos (PUMCS) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), se evalúa su ejecución como muy demorada, dado que sólo se incluyeron los criterios de fertilización en un área piloto. Se señala también que la responsabilidad de aplicación de los PUMCS es de los ingenieros agrónomos que los presentan y no se auditan de forma sistemática por parte del MGAP. Los técnicos responsables del informe plantean varias debilidades de esta medida, vinculadas al nivel máximo de fósforo permitido en los suelos, los métodos de muestreo que estarían subestimando el contenido de ese nutriente y la generalización de la siembra directa, lo que implica mayores aportes de fósforo. Por eso plantean que la medida debe ser reformulada completamente. Por otra parte, nada se dice sobre el control de aplicación de plaguicidas establecido. En los PUMCS no se exige información sobre este punto ni hay acciones específicas llevándose a cabo en la cuenca, más allá de la reglamentación general sobre aplicaciones.

Sobre la medida cinco, que exige el manejo obligatorio de efluentes a todos los tambos de la cuenca, la evaluación contratada por URSEA consigna que sólo se implementó para tambos de más de 500 vacas y que prácticamente no se ha utilizado para el resto. También se informa que los tambos de menos de 500 vacas representan 75% del rodeo lechero de la cuenca y, según el informe, la regulación va a demorar mucho en implementarse y es posible que la situación siga incambiada por mucho tiempo. Como aspecto positivo se destaca la convocatoria del MGAP: “Lechería sostenible en la cuenca del Santa Lucía”, que ofrece subsidios por hasta 13.000 dólares a los productores lecheros para instalar sistemas de manejo de efluentes y otras medidas orientadas a mitigar el aporte de nutrientes a los cuerpos de agua.

Además de la evaluación de las medidas concretas, el informe también cuestiona la inexistencia de una línea de base e indicadores de calidad del agua a ser alcanzados para verificar objetivamente el avance del plan.

A la luz del informe analizado, podemos afirmar que si bien se han realizado acciones para mejorar la calidad del agua, la velocidad y la eficacia de las medidas tomadas no están a la altura de la gravedad del problema ni de la prioridad que el presidente Tabaré Vázquez le dio al tema al inicio de su mandato, cuando se comprometió a actualizar la información cada seis meses para que la población pudiera dar seguimiento al tema tal como lo establece la Constitución. El último informe público del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente sobre el estado de situación es de junio de 2015, y el actual informe de URSEA nos viene a alertar sobre la lentitud y carencias con que avanzan las soluciones.