En estos últimos tiempos han surgido una serie de noticias y debates sobre las funciones de los partidos políticos. Esto es muy notorio en el Frente Amplio, a propósito de la discusión sobre los acuerdos comerciales y, especialmente, en el acuerdo comercial sobre servicios entre Uruguay y Chile. Uruguay y Chile han concretado diversos acuerdos entre los que destacan la liberalización de bienes y el de protección y promoción de inversiones. Dichos acuerdos fueron elaborados y aprobados por los poderes ejecutivos correspondientes y posteriormente tuvieron los apoyos parlamentarios requeridos. Los partidos políticos no tuvieron ninguna participación. Chile es un país con gran cantidad de acuerdos comerciales. Tiene la ventaja que sus productos primarios no son elaborados por los países desarrollados lo que le facilita los acuerdos. Tiene acuerdos con los EE UU, con la Unión Europea, está en el Transpacífico II y participa en el TISA. En la realidad estos acuerdos no le han mejorado su estructura y diversificación exportadora. El 85% de sus exportaciones corresponden a productos primarios. El 75% de las mismas corresponden al cobre y sus derivados. En los hechos, menos de 6% de sus colocaciones en el exterior corresponden a rubros de alta y media tecnología. Mantiene un modelo económico donde ha bajado la pobreza pero se mantienen altos índices de desigualdad social. Los partidos políticos de la Concertación y de la Nueva Mayoría no participan ni en la elaboración, ni en la implementación y no hay debates sobre estos acuerdos.
El caso de Uruguay es muy distinto. Hay debate sobre algunos acuerdos comerciales y la fuerza política ha tenido participación en los mismos. Mientras el FA estuvo en la oposición no votó los acuerdos de promoción y protección de inversiones, porque las controversias entre inversor y Estado se resolvían en tribunales internacionales como el CIADI, perteneciente al Banco Mundial, que generalmente defiende los intereses de los inversores extranjeros. En 2005 acompañó las posiciones de Brasil, Argentina y Venezuela contra el Alca promovido por los EE UU. Posteriormente el gobierno del FA no acompañó un Tratado de Libre Comercio con EE UU, porque Argentina y Brasil no lo apoyaban y porque generaba fuertes divisiones internas. En su lugar se firmó el TIFA con menos exigencias y permitió la entrada de cítricos y carne ovina al mercado norteamericano. Bajo la presidencia de Mujica, Uruguay ingresó al TISA, con debates y discusiones internas y en el ámbito de organizaciones sociales y de grupos de intelectuales. El segundo gobierno de Tabaré Vázquez decidió enviar a la fuerza política la decisión de mantenerse o salirse de dicho acuerdo, en etapas de discusión internacional. La fuerza política decidió la inconveniencia de participar en dicho acuerdo y el gobierno se retiró del mismo. Para algunos acuerdos comerciales hay historia de debates y discusiones sobre la conveniencia de los mismos.
El acuerdo de servicios entre Chile y Uruguay se genera en una coyuntura de permanentes declaraciones del Poder Ejecutivo, y especialmente de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, para participar en acuerdos elaborados en el mundo desarrollado y que nos dan chance de colocar rubros primarios, sin valor agregado ni contenido tecnológico, salvo raras excepciones. Pero sobre todo, se pierden fuentes de empleo por las liberalizaciones exigidas en el sector industrial y limita las posibilidades futuras de participar en cadenas de valor regionales, donde se pueda exportar rubros de alta y media tecnología. En ese contexto, desde la bancada parlamentaria se plantea la necesidad de pronunciamientos de la fuerza política sobre la inserción internacional y, en concreto, sobre los acuerdos de servicios con Chile y el de patentes.
Además del debate y definiciones sobre dichos acuerdos, surge la discusión si corresponde o no la participación de la fuerza política. El FA tiene una orgánica que tiene que ser actualizada, que tiene que tener nuevas formas de democratización y de representatividad. La fuerza política debe apoyar a su gobierno, pero también orientarlo en sus grandes lineamientos y controlarlo en función de las bases programáticas aprobadas para la campaña electoral. La participación de la fuerza política es vital y es necesario que se fortalezca. Para que haya democracias fuertes y estables se requieren partidos fuertes. La debilidad de los partidos políticos debilita la democracia. Pero además, no solo queremos que las personas participen en los procesos electorales, sino que también sean ciudadanos que participan de toda la vida política del país. Hoy el FA elabora sus nuevas bases programáticas, pero es necesario que discuta también su orgánica para fortalecer el partido, para ganar representatividad y mejorar sus vínculos con la sociedad y sus distintas formas de organización. No queremos un votante que después de cada elección se retira a su vida privada. Queremos a un ciudadano que además de votar participe de la vida política y social en forma permanente. Esta es la historia del FA que lo diferencia nítidamente del resto de los partidos políticos del país. En temas tan trascendentes que hacen al futuro del país, como la inserción económica internacional, es necesaria y positiva la participación de la fuerza política. Se requiere de un Frente Amplio fortalecido con capacidad de atender demandas sociales y atender conflictos sociales, para que aparezcan claramente sus funciones de representación social, para que sean instancias privilegiadas de mediación social, para que avancemos no solamente en democracia representativa sino también en democracias participativas. Aquí hay claras diferencias entre partidos de izquierda, como el FA, y los partidos de derecha.
No somos partidarios del acuerdo con Chile porque limita el futuro accionar del Estado, imprescindible para avanzar hacia la igualdad. La clausula trinquete permite avanzar hacia la liberalización, la desregulación y la privatización y si se avanzó en ese camino, no permite retroceder. Pero como queremos partidos políticos fuertes, lo que decida la fuerza política debe ser acatado por todos los sectores políticos. Es también una forma de fortalecer a nuestra propia democracia.