1. Itinerario de un debate
En octubre de 2016 Uruguay y Chile firmaron un tratado de libre comercio de “última generación”. La firma del tratado se produjo en Montevideo entre el canciller Rodolfo Nin Novoa y el entonces canciller chileno Heraldo Muñoz. El tratado fue presentado como un complemento al Acuerdo de Complementación Económica N°35 que ambos países suscribieron en 1996 en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). Los contenidos del acuerdo se hicieron públicos el día de la firma.
A principio del año 2017 el Poder Ejecutivo envió al Parlamento dos proyectos de ley: uno para ratificar el TLC Chile-Uruguay y el otro para que Uruguay integre el Tratado de Cooperación de Patentes. El TLC-Chile “insta” a Uruguay a integrar el TCP.
Ésta es la primera vez que Uruguay firma un tratado de nueva generación que implica un nivel de desregulación del mercado uruguayo muy superior a cualquiera de los acuerdos firmados anteriormente. El programa del Frente Amplio 2015 – 2020 establece claramente que “Los términos en que se acepte negociar [en acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio] áreas tales como normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios o barreras técnicas al comercio, no deberán perjudicar el desarrollo del país, sus fuentes laborales, ni su potestad de realizar políticas públicas para alcanzarlo”. Al mismo tiempo las reservas al Tratado de Protección de Patentes expresadas por empresarios y académicos, hicieron que algunos legisladores plantearan que sería bueno que la fuerza política estudiara ambos temas.
En los primeros meses de 2017 la senadora Constanza Moreira, que en ese entonces presidía la Comisión de Programa del Frente Amplio y como integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales en el Senado, solicitó a la Comisión de Asuntos Internacionales del FA (CARIFA) información sobre las negociaciones del TLC con Chile y del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (TCP), en el marco de la ratificación parlamentaria de estos acuerdos. En la CARIFA se decidió realizar una ronda de consultas a los ministerios implicados en la negociación y a organizaciones sociales. Participaron de la consulta la cancillería uruguaya a través de funcionarios que habían estado en la negociación y la Ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM) Carolina Cosse, para informar sobre el TCP. Organizaciones sociales como el PIT-CNT y REDES – Amigos de la Tierra Uruguay presentaron informes técnicos sobre las implicancias de ratificar ambos tratados. Luego de estos procesos de consultas, los sectores y las bases que integran la CARIFA iniciaron una discusión de cara a la Mesa Política del FA, donde se decidió que el tema pasara al Plenario.
Posteriormente la Mesa Política del Frente Amplio creó una Comisión para sintetizar las diferentes posiciones en un solo documento. Esta Comisión estuvo integrada por Ariel Bergamino (Vicecanciller), Julio Bango (PS), José Bayardi (VA) y Gustavo Buquet (CG). El documento emanado de esta Comisión fue votado en general por unanimidad en el Plenario del FA.
2. El documento y sus mociones principales
El documento cuestiona muchos de los mecanismos utilizados en el TLC con Chile y hace hincapié en la necesidad de articular con la estrategia de desarrollo estratégico de Uruguay, realizar estudios de impacto, garantizar la transparencia en las negociaciones, establecer recaudos en materia de propiedad intelectual, evitar las cláusulas de trinquete, statu quo, presencia local, etc.
Ésa es la razón por la que se votaron algunas mociones por separado. Las más importante fueron las relativas a las listas negativas y las cláusulas trinquete, pero también se agregaron las de comercio electrónico y las de propiedad intelectual.
Para Casa Grande las reglas contenidas en el TLC con Chile restringen el margen de maniobra del Estado para legislar, coartando futuros avances en pos del interés público común y los derechos humanos. En particular, cuatro aspectos nos preocuparon y por eso en el documento tuvimos redacciones alternativas: 1) La forma de negociar por Listas Negativas hipoteca el desarrollo futuro de políticas públicas activas pensando en la estrategia de desarrollo de nuestro país; 2) Las Cláusulas Trinquete y Statu Quo que hoy se reconoce que integran el acuerdo profundizan la vocación liberalizadora del acuerdo en materias estratégicas para el país que involucran servicios, pero también otros sectores asociados; 3) El Capítulo de Comercio Electrónico impone una disciplina de negociación nueva. Con las reglas que asignan una desregulación expresa de este sector Uruguay abandona las posibilidades de desarrollar contenidos en esta materia en el futuro. El Comercio Electrónico es una de las agendas del futuro del desarrollo (y del trabajo) en el mundo; 4) La propiedad intelectual.
De igual manera consideramos peligroso el ingreso de Uruguay al Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) porque, así como podrían eventualmente aumentar las patentes de uruguayos/as en el exterior, aumentarán las que se registren en el país. La industria farmacéutica y el acceso a los medicamentos son dos aspectos en riesgo severo con este TCP. No sólo es innecesaria la incorporación de Uruguay al TCP sino que si lo que se busca es catapultar las invenciones y creaciones de investigadores/as uruguayos/as, el Estado y sus empresas públicas deberían ser los primeros interesados en adquirirlas. Una estrategia de desarrollo que supere la inserción periférica de nuestro país exige políticas públicas activas y comprehensivas de la necesidad de inversión en ciencia y tecnología.
El Plenario decidió cuatro propuestas. Con respecto a las listas negativas, la primera moción contraponía el criterio de que en las negociaciones “sólo se utilicen el criterio de listas positivas (LP), porque el sistema que utiliza la OMC centra las negociaciones sobre la base de lo existente y de los intereses ofensivos que tiene cada país”, frente a otra posición que, reconociendo lo negativo de estas listas, abre la puerta para que “en caso de ser inevitable la negociación deberán establecerse cláusulas precautorias y de reaseguro ante desarrollos futuros que puedan afectar la soberanía e intereses del país”. Fue aprobada la primera moción con un sólido respaldo de una mayoría de 104 votos (en 157 presentes). La segunda moción contraponía la idea de que “los acuerdos comerciales que negocie el Uruguay no deben de incluir cláusulas Trinquete y Statu Quo”, con la de “respecto a la eventual existencia de cláusulas Trinquete y Statu Quo, deberán abordarse teniendo presente la dimensión y el grado de desarrollo de los países con los que se negocia”. El Plenario resolvió por 82 votos (una mayoría más ajustada pero que llenaba los requerimientos de una mayoría absoluta de los presentes) por la primera propuesta. La tercera moción se refería al comercio electrónico y contraponía la propuesta de que no debía negociarse como capítulo específico en los tratados comerciales, con la que sostenía que “en cualquier negociación que esté implícito el comercio electrónico se deberá tener presente las observaciones planteadas en las consideraciones generales para evitar consecuencias negativas”. En esta oportunidad no triunfó ninguna de las dos propuestas, ya que a pesar de que la primera obtuvo la mayoría de los votos (75 a 73) no fue capaz de alcanzar la mayoría absoluta. En la cuarta moción sobre propiedad intelectual (que no debía negociarse más que multilateralmente, contra la de permitir las negociaciones bilaterales), obtuvo el apoyo la primera, con mayoría absoluta de los votos.
3. ¿Quién decide? el triángulo virtuoso fuerza política, parlamento y gobierno
A pesar de que el documento en general aprobado decía que la discusión en el Plenario debía incluir “una definición de cara a los acuerdos ya en curso y presentados a su ratificación parlamentaria, como el TLC con Chile y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes”, se presentaron dos mociones: volver el tema al Parlamento (de donde había salido inicialmente) o que resolviera el Plenario (en una próxima instancia, ya que era muy tarde para iniciar la discusión TLC/TCP en ese momento). Triunfó por 82 votos contra 75 la segunda propuesta: pasar a cuarto intermedio y pedirle al gobierno la presentación de los estudios de impacto y volver al Plenario para su resolución.
En el debate público posterior se discutió sobre si debe ser el FA como partido el que tome las decisiones en materia de política exterior o debe ser el gobierno representado por el Ejecutivo y los parlamentarios. En estos términos, la discusión adquiere un tono de “falsa oposición”. El Poder Ejecutivo firma decenas de Tratados que el Parlamento ratifica todos los años (a modo de ejemplo, el martes próximo se votarán cuatro Tratados). Solo en algunas ocasiones -muy excepcionales- el FA decide analizar un asunto en particular, como lo es en este caso. Negar a los partidos la posibilidad de marcar posición sobre lo que les parece importante (o discrepar con el gobierno cuando cree que este no interpreta la posición del partido) es reducirlos a meras máquinas electorales que no tienen más participación en el gobierno que la voluntad de sus representantes.
Si queremos una democracia con partidos fuertes, un debate público sobre los temas que importan y una ciudadanía que delibera sobre los asuntos públicos, tendremos que aceptar que la política es algo más que elecciones y gobernantes. Los partidos importan. Y los debates los fortalecen, no los debilitan. Las decisiones de los partidos deben ser públicas y debemos poder sostener públicamente las posiciones que sustentamos. Ésta es la democracia que muchos están demandando en todas partes y el Frente Amplio, que es el partido político más importante de este país, debe estar a la altura de estos desafíos.
Baste recordar que el 5 de setiembre de 2015 el Plenario Nacional del Frente Amplio a solicitud del Presidente Tabaré Vázquez se pronunció sobre el TISA y resolvió por una amplia mayoría la inconveniencia de la participación en las negociaciones de este Tratado de Comercio de servicios. De esta manera el Ejecutivo dispuso el retiro de Uruguay de las negociaciones, generando gran malestar y duras críticas de la oposición que fueron contestadas por el Presidente de la República, que declaró: “Cuando me enteré que existía este tipo de encuentro o validez del TISA o no, lo primero que hice fue opinar, y opiné que era la fuerza política quien tenía que resolver este tema. Y como integrante de la fuerza política, acato la resolución en un tema que no es de conciencia. En los temas que son de conciencia, tomo mi posición personal”.
Casa Grande saluda y felicita el debate dado en el Plenario Nacional pasado. Consideramos que hoy la ciudadanía cuenta con abundancia de argumentos para realizar un intercambio de ideas y pareceres. Esto ha sido posible porque el Frente Amplio es una fuerza política diversa, participativa y democrática, donde las diferentes expresiones pueden convivir, respetarse e intercambiar opiniones en un marco de unidad. Reafirmamos por tanto la unidad de nuestro Frente Amplio, de esta herramienta política de izquierda que todos y todas ayudamos a construir día a día.