En la última sesión de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) del año 2016, aprobamos el Decreto que reguló el uso de las App aplicadas al transporte oneroso de pasajeros. Si bien la sesión fue un tanto caótica porque los gremios de trabajadores del taxi se manifestaron en contra del texto puesto a consideración, quienes ocupamos las bancas del legislativo departamental sabíamos que estábamos recorriendo el camino correcto. El trabajo en conjunto de la Intendencia de Montevideo (IM) y la JDM en generar una legislación inédita para una realidad que nos había tomado por sorpresa un año antes con la llegada de una multinacional que se instaló en nuestro departamento desconociendo las normas de convivencia de nuestra sociedad, ignorando por completo los derechos de los trabajadores y los usuarios de servicios, y sobre todo, el rol de las instituciones para el efectivo cumplimiento de los mismos.
A un año y medio de puesto en práctica aquel Decreto*, el Ejecutivo Departamental haciendo uso de una facultad incluida en la normativa mencionada (Art. 5° – D. 36.197), solicita a la Junta Departamental su anuencia para la suspensión del ingreso de nuevos permisarios al sistema de transporte oneroso de pasajeros a través de plataformas electrónicas desde el 2 de mayo al 31 de diciembre del presente año. El argumento para tomar esta medida responde a la necesidad que tiene la División Transporte de la IM de realizar un mantenimiento del sistema de registro de los permisarios, así como aumentar los controles sobre los permisarios ya registrados.
En días donde el uso de la tecnología inunda casi todos los espacios de nuestra cotidianidad y la realidad se vuelve tan dinámica, que la IM apueste a actualizar sus mecanismos de registro y de contralor debería saludarse con entusiasmo por parte de empresas, trabajadores y usuarios en el entendido que las mejoras van a estar dirigidas a un servicio más eficiente, confiable y seguro. Sin embargo, para que no nos olvidemos que estamos frente a los intereses de empresas multinacionales, se ha desatado una campaña contra quienes hemos acompañado con nuestro voto la medida propuesta por la IM. El uso de los medios al igual que las redes sociales han sido las herramientas de las que se han valido estas empresas para promover iniciativas mediante firmas o el envío de mensajes a las cuentas personales de los ediles reclamando por la medida votada.
Al igual que en diciembre de 2016, reitero que la presente normativa y las medidas que puedan tomarse para mejorar la misma no van a conformar a todos los actores involucrados en el transporte de pasajeros, pero es necesario que quede claro el compromiso de la bancada de gobierno en seguir recorriendo el camino del diálogo y la legalidad para poner en el centro siempre el cumplimiento de los derecho de los trabajadores y usuarios.
* Decreto de la Junta Departamental N° 36.197 del 15 de diciembre de 2016