Compartimos fragmentos de la exposición de la Senadora de Casa Grande Carmen Beramendi, sobre la votación en el Senado de la Ley de Violencia basada en Género.
Hoy estamos dando un debate, una vez más, marcado por el horror de la aparición de la niña del departamento de Rivera muerta. Una vez más, el debate de la violencia basada en género está permeado por el dolor y por el horror; horror que cuando aparece, surge como una expresión extrema. No sabemos las circunstancias que rodearon este hecho, pero seguramente tenga que ver con palabras no escuchadas, con voces no escuchadas. Y nos animamos a pensar que seguramente tenga que ver –y nos atrevemos a decirlo– con circunstancias de abuso, en la medida en que la persona indagada en estos momentos, está vinculada a la familia.
Esto constituye un núcleo duro del horror que atraviesa la vida cotidiana de las niñas, las adolescentes y las mujeres en nuestro país. Esto no es ajeno a lo que expresa con mucha claridad la antropóloga Rita Segato. Con total crudeza ella menciona que lo que está en riesgo es la posibilidad de existir para las mujeres. Cuando hablamos de existencia no lo hacemos sólo en términos de vida o muerte –aunque también esté expresado en términos de la muerte–, sino en la posibilidad de existir con una palabra validada; en la posibilidad de existir con condiciones y posibilidades de desarrollo de proyectos de vida y en la posibilidad de existir en las representaciones. Todo esto está en juego en el debate que estamos planteando.
Por un lado, creo que la violencia basada en género tiene un componente que puede expresarse de múltiples maneras, pero tiene una raigambre que es estructural. Y en esta caracterización estructural de la violencia basada en género, sin ninguna duda están presentes las cuestiones relacionadas al eje estructurante de dominación que tiene nuestra sociedad y que es la larga división de los mundos públicos y privados.
Todos nos indignamos, cada vez más en el Uruguay, cuando se violan y violentan los derechos de las mujeres. Todos nos horrorizamos cuando escuchamos testimonios de mujeres que fueron violentadas en un acto de tortura, pero hoy hay mujeres torturadas sistemáticamente en relaciones asimétricas de poder en sus hogares. Hoy este acto de tortura, de vejación, de cosificación, lo están viviendo niños, niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país en forma sistemática. Y no digo que solo ellas, pero sí que por las asimetrías de poder entre hombres y mujeres, fundamentalmente sucede con estas últimas.
Me parece un acierto de la ley las directrices en materia de políticas públicas. Aquí me animo a hacer énfasis en algunas de las intervenciones que pusieron esto como declaraciones. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo la política pública como el espacio privilegiado de articulación entre el Estado y la sociedad. Y entiendo que la política pública, por lo menos en la definición que más me gusta, es la que debe garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos. Esa definición, que es muy amplia, está diciendo que la política pública luego debe ser la herramienta que posibilite hacer efectivo el cumplimiento de la ley, en esa articulación entre Estado y sociedad.
Por lo tanto, celebro que aquí haya una política pública y que desde el proyecto de ley, desde la ley que hoy vamos a alentar para que tenga media sanción, se le diga a las instituciones públicas hacia dónde orientar la política pública. Me parece que este es un acierto que, de pronto, en otros proyectos de ley no le encontraría sentido. En este sí, porque todos reconocemos que hay un componente estructural poderoso fruto de las asimetrías. No en vano, cuando hago mención a un componente estructural poderoso estoy diciendo que cuando una mujer no tiene acceso a los recursos mínimos para su vida, desde el punto de vista económico, está sufriendo una violencia feroz.
Asimismo, podemos ampliar el concepto del daño y de la violencia. Y cuando decimos que es estructural, nos referimos también a esta dimensión de lo socioeconómico, a la dimensión de esa apropiación de la plusvalía que su trabajo cotidiano da cuando ella se hace cargo de las responsabilidades familiares. Todo esto va configurando un terreno abonado a fin de que ella tenga impedimentos reales y cotidianos para transformarse en un sujeto pleno de derecho. Todo esto está en juego en la discriminación y en las relaciones de subordinación que vivimos las mujeres en nuestra sociedad.
También es estructural porque en el componente de la violencia, la representación de los hombres en nuestra sociedad sigue siendo ampliamente mayoritaria, más allá de que en el día de hoy la cámara nos dé el gusto de ver una presencia tan importante de mujeres. Sin embargo, la realidad de nuestro país muestra que los mecanismos de representación siguen siendo poderosamente masculinos y ahí también tenemos un enorme desafío como sociedad. Por tanto, es una clave contribuir a visualizar lo que las mujeres están haciendo en nuestro país. En esto voy a elegir solo un nombre –cuando se hace esto siempre se corre el riesgo de que haya muchas personas que queden afuera– que tiene que ver con razones afectivas y de historia de vida. Quiero nombrar específicamente en esta cámara a la asistente social Nita Samuniski, una feminista comprometida con estos temas desde hace muchísimos años en Uruguay; fue una de las mujeres que trabajó tempranamente, en forma honoraria –como la inmensa mayoría de las organizaciones que trabajan en violencia doméstica–, para atender situaciones de violencia doméstica cuando no había respuestas estatales, cuando no había ningún servicio y era la sociedad civil organizada, sin dinero, la que atendía a las mujeres que sufrían violencia doméstica. Esto era así. Tuve la suerte de compartir un proceso de aprendizaje fuerte con Nita en Mujer Ahora. Ella fue una de esas mujeres que realmente le metió un pienso y un compromiso a esto. Podemos decir que ella es la expresión de una institución de la sociedad civil que hoy está intentando colocar, junto con otras, el debate con relación a la articulación entre el Estado, la sociedad civil, el gobierno, el Poder Ejecutivo y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual.
Esta ley no llega en el vacío; esta ley llega porque hay políticas públicas que se vienen implementando en el país como resultado de una legislación que también estableció que había que construir un plan. Ese plan, además, fue redactado por las organizaciones sociales, y nosotros también participamos en su redacción junto con Andrea Tuana y Ana Nocetti. Ese plan pasó a ser el plan del consejo consultivo, pero fuimos las organizaciones sociales las que le dimos carnadura.
Hay que entender tempranamente que las mujeres trabajadoras más pobres, las más aisladas, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras que no tenían legislación que las amparara, eran posibles víctimas mucho más vulnerables que otras; hay que entender tempranamente que cuando en Uruguay una mujer es negra pertenece al colectivo afrodescendiente y tiene muchas más posibilidades de ser violentada. Entender esto es parte de lo que hoy estamos acuñando como sociedad. Vemos que todo esto se expresa y no hay una categoría que supere a la otra. Todas juntas operan y tenemos que trabajar. Entonces, en mi conceptualización de la integralidad, quiero señalar que el enfoque interseccional que tiene esta ley es uno de los mayores aciertos desde el punto de vista conceptual.
Yo soy feminista –todos lo saben– y, además, lo reivindico. El feminismo no tiene nada que ver con el machismo o, en todo caso, no es el opuesto al machismo, como muchas veces se dice para banalizar y denigrar el concepto. No; soy feminista porque creo en la diferencia, pero creo que la diferencia no puede ser razón para instalar la desigualdad. Creo en la diferencia como un principio que enriquece el principio de igualdad. Somos todas distintas y todos distintos. ¡Por suerte! Sería terrible el mundo si fuera de otra manera. Y como somos todas y todos distintos, todos tenemos un aporte peculiar para hacer.
Además, creo que ha habido –y hay– un riesgo en tensionar la relación Estado-sociedad civil de modo que, muchas veces, parece que se está ante la disputa de marcar quién fue el primero. Quiero ser supercuidadosa; vengo de militar en el movimiento social de mujeres y en el movimiento amplio de mujeres. Pero, ¿saben una cosa? También me sentía parte del movimiento cuando era legisladora; me sentía y era parte del movimiento cuando dirigía el Instituto Nacional de las Mujeres. El movimiento de mujeres no es solo de las organizaciones sociales autónomas, que tienen un valor difícil de transpolar.
La causa no es mía, no es solo de las feministas –aunque sin lugar a dudas es de las feministas, porque históricamente la levantaron–; es una causa que tiene que pasar a ser parte de todos los legisladores –hombres y mujeres– de todos los partidos políticos. También me enorgullece decir que es una ley que es votada por todos los partidos políticos. Realmente me parece que para Uruguay es una señal tremendamente importante, que debemos acuñar y fortalecer.
Además hay una cuestión clave: a partir de una iniciativa en la que participan el Instituto Nacional de las Mujeres y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hoy el Uruguay está estableciendo una estrategia nacional para la igualdad. ¡Qué detalle! Estamos analizando la ley de violencia y hay un marco a nivel de las políticas públicas que está discutiendo una estrategia nacional para promover una sociedad más igualitaria. Entonces, no estamos cayendo en un terreno que no esté abonado; hay un terreno abonado por políticas sostenidas desde el Ministerio de Salud Pública, desde el Ministerio del Interior y desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Estas políticas permiten sembrar en un terreno que me hace ser optimista, porque sé que hay un rol muy claro en el seguimiento. Me parece un acierto que para el seguimiento, para garantizar el proceso efectivo de cumplimiento, en este observatorio que se crea esté la sociedad civil representada como tal. También me parece un acierto colocarlo en un organismo que de alguna manera tiene competencias sobre el conjunto de las políticas que tienen que ver con la planificación y el desarrollo. Me parece que se ha dado una fuerte señal al colocar al observatorio en un organismo superior, en el sentido de las competencias en todo el territorio nacional.
Diría que me parece una cuestión audaz de esta legislación la señal que se da de que alguien que ejerce violencia contra las mujeres no puede ocupar un cargo público. Me parece que estamos dando una señal fortísima como sociedad y, empezando por quienes somos representantes, estamos diciendo que no podemos estar representando ni podemos ser portavoces si estamos en una situación de ejercicio de violencia.
Quiero finalizar expresando que, desde los puntos de vista legal, penal y simbólico, celebro esta disputa. A la vez, creo que una vez que la norma se apruebe, deberíamos contribuir entre todos a dar más sentido a la actividad que realizamos y a recuperar un sentido impugnador de prácticas y de vidas que efectivamente necesitan ser nombradas y, como dice Rita Segato, tienen derecho a existir de una manera más digna y libre de violencia.