Sobre Tratado de Libre Comercio con Chile y Tratado de Cooperación de Patentes



Documento de Casa Grande sobre los inconvenientes de aprobar el Tratado de Libre Comercio con Chile (TLC) y el ingreso de Uruguay al Tratado de Cooperación de Patentes (TCP)*

Ausencia de información en tiempo y forma para la discusión

  • El Poder Ejecutivo (PE) debe informar al Frente Amplio cuando comienzan negociaciones vinculadas a cualquier acuerdo comercial bilateral o multilateral. La confidencialidad no excluye el deber del PE de cumplir con el protocolo de informar a la fuerza política sobre el inicio y avance de las negociaciones. Es una práctica realizada comúnmente por el PE cuando se trata de decisiones estratégicas.
  • El TLC con Chile se negoció en 8 meses, y luego de firmado el acuerdo sólo se subió la información sobre el acuerdo a la página Web de la Cancillería; pero no se informó ni a la sociedad civil ni al Frente Amplio. El Proyecto de Ley para que Uruguay adhiera al acuerdo ingresó al parlamento en enero de 2017. Fue la bancada de senadores del Frente amplio la que solicita su discusión en la fuerza política.
  • Los temas de propiedad intelectual vinculados a los acuerdos de libre comercio han sido, además de estratégicos, sumamente controversiales, tanto para el Uruguay como al interior de la fuerza política. De hecho, fue uno de los temas más relevantes para que Uruguay abandonara las conversaciones en el marco del TISA.
  • El acuerdo de libre comercio firmado por Cancillería con Chile establece que “cada parte deberá hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en materia de Patentes…” (TCP). Sin ningún tipo de discusión pública, el PE envió al Parlamento, en marzo de 2017 (dos meses después de ingresado el proyecto de TLC con Chile), un proyecto de adhesión del Uruguay al TCP.
  • Los “mejores esfuerzos” para el ingreso de Uruguay al TCP significó, por la vía de los hechos, un compromiso tácito o explícito de la Cancillería para el ingreso de Uruguay al tratado de patentes. Otro ejemplo de falta de información y transparencia del PE en relación a la necesaria discusión de un tema tan relevante para el futuro de la innovación científica y técnica en el Uruguay.

Inexistencia de evaluación y debilidad país en las negociaciones

  • Son muchos los acuerdos de comercio e inversiones firmados por Uruguay que no han sido evaluados. Es claro que un estudio de impacto de estos acuerdos podría arrojar luz sobre las bondades o perjuicios generales; así como la evaluación de sectores que fueron favorecidos o perjudicados en dichos acuerdos. La desregulación o imposibilidad de regulación que imponen estos acuerdos comerciales podrían poner en entredicho la subsistencia de sectores clave o el desarrollo de nuevas áreas estratégicas para el desarrollo del país.
  • El TLC de Uruguay con México, por ejemplo, lleva 15 años de aprobado, y no se ha realizado una evaluación de impacto, tanto a nivel país como a escala sectorial. Dicha evaluación permitiría tomar decisiones más certeras y alineadas con la estrategia país de desarrollo productivo.
  • El Estado uruguayo no cuenta con estudios de evaluación sobre sus acuerdos comerciales, ya sean realizados por sus propios técnicos o contratados a consultoras o universidades.
  • Por ejemplo, luego de 30 años de funcionamiento del NAFTA, ha habido evaluaciones de impacto. Estas evaluaciones afirman que dicha relación de comercio ha sido en general negativa para México, como en los indicadores de crecimiento, transformación de la matriz productiva, distribución del ingreso, concentración de la riqueza, etc. (http://nuso.org/articulo/renegociar-el-tlcan-muy-bien/).
  • Es sabido que los países desarrollados tienen equipos de negociación, tanto en tratados multilaterales como bilaterales, que están conformados por cientos de profesionales especializados. Estos países cuentan con experiencia, estudios de impacto, objetivos definidos y equipos que saben exactamente lo que quieren y lo que están dispuestos a firmar. Adicionalmente, y no menos importante, son estos países en defensa de los intereses de sus empresas los que redactan los acuerdos y sobre los que luego los países en vías de desarrollo negocian.
  • El Uruguay no cuenta con equipos sólidos para la negociación de estos tratados. El Frente Amplio está gobernando por tercera vez consecutiva y no se ha propuesto ni ha podido formar equipos profesionales de negociación en los tratados de comercio o inversiones, bilaterales o multilaterales. En particular existe una gran carencia en las negociaciones vinculadas a los capítulos de propiedad intelectual y comercio electrónico.
  • La falta de profesionalismo se nota en los procedimientos, tiempos y resultados a través de los cuales los ministerios deben pronunciarse a favor o en contra de una negociación, de un tratado, o de un acuerdo a firmar. El único documento público que apoya el ingreso de Uruguay al TCP fue realizado en muy poco tiempo. El mismo no refleja una investigación profunda que analice de forma precisa y fundada las posibles consecuencias del ingreso de Uruguay a dicho acuerdo.

El contenido de los acuerdos

El TLC con Chile

  • Uruguay ya tiene acuerdos comerciales de bienes y servicios (de arancel prácticamente 0); cuenta con un tratado bilateral de inversiones; y acuerdos de contratación pública. El acuerdo TLC con Chile reproduce en su mayor parte los acuerdos a los que ya ha arribado Chile con Uruguay.
  • El TLC profundiza los compromisos comerciales con Chile en “Nación más Favorecida”, “Acceso a mercados”, y “Presencia local”; imponiendo cláusulas “Status Quo” y “Trinquete”.  El caso del “Status Quo” implica que no se puede dar marcha atrás en la liberalización comprometida. En el caso de “Trinquete” implica que si existen cambios deben ser en dirección de ampliar esa liberalización.
  • Las cláusulas propuestas son denominadas OMC y TISA plus, ya que imponen mayores exigencias que las que registran ambos tratados.
  • Este tipo de acuerdos presentan cláusulas de nueva generación nunca discutidas hasta ahora por Uruguay y propias de los acuerdos, como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que apuntan a las regulaciones y no a los aranceles. Esto limita la capacidad para implementar nuevas políticas públicas en sectores clave o en áreas potenciales de importancia estratégica para el desarrollo.
  • Es extraño que cláusulas que provocaron la salida de Uruguay de las negociaciones del TISA, ahora se quieran integrar en un acuerdo con Chile.
  • En este contexto, sería consistente pensar que el gobierno uruguayo quiere allanar, con la firma de este acuerdo, el camino para el ingreso de Uruguay en el TISA y/o el TPP.
  • Este tratado impone restricciones no sólo al gobierno nacional sino a los gobiernos departamentales. Elemento que se ve por vez primera en un acuerdo de estas características y del cual los gobiernos departamentales no recibieron información, y tampoco se han podido expedir al respecto.
  • También son nuevos, en relación a los acuerdos comerciales ya firmados con Chile, los capítulos sobre propiedad intelectual y comercio electrónico.
  • En propiedad intelectual se encuentra el estímulo a ingresar al TCP, así como se definen determinadas denominaciones de origen como marcas protegidas. Se observa que la propuesta sobre denominaciones de origen de Chile han sido estudiadas con profundidad, mientras que las uruguayas parecen más bien una lista improvisada.
  • Relativo a comercio electrónico, se establecen medidas que restringen el desarrollo de políticas en sectores estratégicos para el Uruguay. Por ejemplo, no se podrían establecer políticas para regular plataformas como Uber o Netflix. Hay varios países que no aceptan estas cláusulas para poder desarrollar políticas en este sector estratégico.

El ingreso de Uruguay al TCP

  • Uruguay no ha tenido mayores dificultades en internacionalizar sus patentes, ya sea a través del registro de la patente en países miembros del TCP, o de registrarlas a través de empresas uruguayas o estudios de abogados con residencia en países clave como EEUU o algún país de la UE. El ingreso de Uruguay al TCP no cambiará de manera importante el impacto de las patentes uruguayas a escala global.
  • Los beneficios que obtendría Uruguay a partir de su ingreso en el TCP no serán ni directos ni automáticos. Una vez aprobada y registrada la patente en Uruguay, el dueño de la patente deberá contratar distintos servicios profesionales en el país de destino para registrar dicha patente en los diferentes países del tratado. El dinero y el tiempo invertido para obtener estos resultados no necesariamente será menor que el que se emplea actualmente.
  • El PCT, de ser aprobado, aumentaría el número de patentes de empresas extranjeras en Uruguay que, en su gran mayoría, no generan producción y empleo local sino monopolios de importación y el desplazamiento de los productores locales.
  • El tratado favorecerá el registro de cientos de patentes extranjeras en Uruguay, mientras que podrá beneficiar unas pocas patentes uruguayas en el exterior.
  • El TCP aumentará el plazo de 12 a 30 meses para que una patente de un país extranjero quede liberada para su uso en territorio uruguayo. Esto proporcionará mayores facilidades al dueño de la patente del país extranjero a registrar la patente en Uruguay, al mismo tiempo que retrasará durante un año y medio la aplicación de la invención en caso de que dicha patente finalmente no se registre. Es decir, se extendería el monopolio legal creado por las patentes sin ningún beneficio adicional para el país.
  • El sector farmacéutico y el sistema de salud serán los más afectados. El ingreso del país al TCP podría generar un incremento de costos en la fabricación de medicamentos, el cierre de empresas, y una suba de precios de los medicamentos, impactando además sobre los costos del SNIS, y el acceso de la población a los medicamentos.
  • Los datos estadísticos demuestran claramente que, desde su entrada en vigor en 1970, el PCT no sólo no impidió la consolidación de una estructura global de predominio por parte de unos pocos países y empresas en materia de patentes, sino que ha contribuido a consolidar tal situación. Del total de Estados Miembros del Tratado PCT, sólo 3 países (EEUU, Japón y Alemania) representan cerca del 60% del total de solicitudes presentadas. También demuestran que sólo 5 países representan más del 70% del total, y que 129 países sólo representan en torno del 8%.

*Para la realización de este documento se utilizaron:

Viviana Barreto y Natalia Carrau (2017): El TLC Uruguay – Chile: Implicancias y riesgos para el país Análisis Preliminar. Redes AT.

Carlos Correa (asesor especial sobre comercio y derechos de propiedad intelectual en el Centro del Sur, Ginebra) (2017): Razones para no adherir al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (Tratado PCT).

José Antonio Villamil (2017): Versión taquigráfica del 8 de junio de 2017 de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado sobre acuerdo de libre comercio Uruguay-Chile.

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