En estos días he recibido varios comentarios y críticas respecto a la difícil situación por la que pasa el pueblo venezolano por parte de compañeros y compañeras de Casa Grande. En algunos casos, me ha manifestado la disconformidad con el “silencio” de nuestra agrupación política con relación a estos y anteriores hechos. Hemos realizado alguna declaración que, en su oportunidad, tuvo la virtud de sintetizar opiniones diversas, y el tema está sobre la mesa. Creo que es importante decirlo, y explicitarlo: sobre el tema Venezuela y sobre la evaluación política del desempeño del gobierno, hay muchas y diversas opiniones en Casa Grande. Las síntesis emanadas oportunamente, no le hacen honor a la diversidad de posturas evidenciada en cada discusión.
En primer lugar, creo que a todos nos preocupa la militarización del proceso venezolano, y nos ha preocupado desde el principio el peso y el poder político que las Fuerzas Armadas han adquirido a lo largo de los años. A nadie se le escapa que esta preocupación es por un lado muy “uruguaya” (por la experiencia nefasta que Uruguay vivió con el involucramiento de los militares en política), y por otro lado, muy “casagrandista” (por nuestras posturas sobre las FFAA), aun a despecho de la propia tradición frenteamplista, que supo tener a un militar como líder. Pero a Casa Grande en general y a mí en particular, la militarización de cualquier proceso político de izquierda en América Latina, me llama a una honda preocupación. Y, además, nos alarma sobremanera que se arme a la población civil, tanto desde el Estado como desde la oposición con financiación de otros Estados.
En segundo lugar, la preocupación por la erosión paulatina, sistemática y en vías de profundización, del Estado de Derecho en Venezuela, también es preocupación permanente. El “chavismo” aspiró a la construcción del socialismo como forma de gobierno, con sus luces y sus sombras. La izquierda tiene un profundo debe en la discusión sobre cómo conciliar el Estado de Derecho con otras formas de gobierno.
La derecha golpista y violenta, la injerencia directa de Estados Unidos en el proceso (ahora, en particular, a través de la OEA), y la renuencia de la oposición a incorporarse a la vida democrática durante años, han tenido una cuota de responsabilidad inmensa en esto. Pero la imposibilidad de mantener un mínimo equilibrio “de poderes” entre un parlamento opositor y un gobierno chavista, la apertura de un nuevo campo de disputa (la Asamblea Constituyente) sin resolver el funcionamiento de los poderes del Estado, a lo que se suma el desconocimiento del rol de la Fiscalía en la división de poderes inherente a cualquier régimen republicano, son siempre responsabilidad de quien detenta el poder político (el gobierno), y es imperioso reconocerlo. La Asamblea Constituyente está muy bien, pero no podrá sustituir el mandato legal del Parlamento. El pueblo venezolano y su desventura, quedan en el medio de esta imposibilidad de concertar nada, y la agudización de la polarización política, no parece conducir a ningún buen puerto en este caso.
En tercer lugar, condenamos la violencia política en todas sus formas. La política no puede reproducir el Estado de guerra de todos contra todos, sino que debe ser una respuesta a esto y sobre todo lo que ponga fin a esto. Los organismos multilaterales que han tratado de terciar en la situación venezolana como la OEA no solo no han menguado la violencia, sino que al tomar parte (porque son parte) han ayudado a atizar el fuego del conflicto y agudizado la dificultad de diálogo entre las partes. Nuevamente la principal responsabilidad le compete siempre al Estado, que debe ser el principal instrumento de garantía de la defensa del derecho de cada parte. Estado y gobierno no son lo mismo y debe recordarse esto cada día. Nos preocupa también el tratamiento dado a la Fiscalía en este contexto, y a la propia Fiscal, Luisa Ortega, quien ha cuestionado desde el corazón mismo del Estado, varios aspectos legales del proceso
Es difícil formar una opinión coherente sobre Venezuela, cuando los grandes medios de comunicación repiten una y otra vez su misma cantinela antichavista, con pretensión de horadar todo el campo de solidaridades de la izquierda. Y sobre todo cuando sabemos que tenemos que defender el campo de las izquierdas latinoamericanas, y sabemos el rol que juegan en la gran división de poderes del mundo. Casa Grande ha defendido el proceso bolivariano en esta perspectiva. Pero sin duda hemos sido críticos con el gobierno de Nicaragua, como lo fuimos con el PT en su momento, y como lo somos, todos los días, con el propio gobierno del Frente Amplio, cuando creemos que defecciona políticamente en el campo de las ideas caras a una izquierda “roja, verde y violeta”.
Desde esta perspectiva crítica, llamamos a todos y todas las compañeras de Casa Grande, a un gran debate sobre Venezuela, que permita llenar ese “silencio” que algunos compañeros identifican como un “debe” en el casagrandismo crítico. Un debate de palabras, de ideas, de reflexiones compartidas. Un debate en que no nos desespere la necesidad de síntesis, y que atienda nada más que a la de pensar en voz alta, sobre la encrucijada de la izquierda latinoamericana.
Constanza Moreira
Senadora por Casa Grande