El abatimiento de la indigencia y la pobreza son muy importantes en Uruguay y destacan en una Latinoamérica que, por primera vez en su historia, avanzó mucho en esa dirección.
A raíz de la crisis del año 2002 y el proceso previo, Uruguay llegó al 2004 con el 40% de la población y el 59% de los menores de 18 años bajo la línea de pobreza y el 4,7 % en la indigencia. Desde 2005 se inició un proceso de reducción de la pobreza, alcanzando a cifras de 9,7% de la población y una indigencia de 0,3 % en 2014.
Uruguay es el país que redujo la pobreza en mayor medida (Cepal 2015). También tuvo la mayor baja en la brecha de pobreza, (las personas pobres según la distancia media entre sus ingresos y la línea de pobreza). En América Latina hay movilidad de ingresos ascendente y descendente. Uruguay resalta con un 83% en movilidad ascendente y 1% descendente (PNUD 2016).
Falta una evaluación más profunda de avances y pendientes de las políticas contra la pobreza en toda América Latina con gobiernos progresistas y de los otros. En Uruguay se precisa un análisis del Plan de Equidad. Estas políticas que permitieron dar grandes pasos, requieren un análisis crítico por los problemas sin resolver, las dificultades para su profundización y las amenazas actuales. Las lógicas que, por derecha o por izquierda, menosprecian los avances sociales alcanzados omiten su importancia en relación con la historia nacional y regional y con la situación concreta de las personas afectadas. Las miradas que solo destacan los logros y callan los pendientes, las contradicciones, los fracasos, no dan cuenta adecuada de la situación actual.
Desigualdades: Detrás de las excelentes cifras promedios hay un conjunto de desigualdades que afectan al desarrollo social como un todo. En Uruguay la pobreza infantil, las fracturas territoriales y la discriminación étnica no pueden minimizarse. Exigen análisis y propuestas para su superación.
Infantilización de la pobreza: mientras 9,7% de la población es pobre, 32% de los hogares con menores de dos años lo son. En menores de 6 años la pobreza alcanza al 18,5% de la población. Diez veces más que el 1,8% en mayores de 64 años. La brecha generacional se agrava.
Fragmentación territorial: la periferia de Montevideo (municipios A y D, F) y el norte del país (Artigas y Rivera) tienen cifras de pobreza muy superiores al promedio y mucho mayores que los municipios capitalinos de la costa y los departamentos del sur del país. La fractura social se mantiene.
Población negra: La población negra presenta 20 % de pobreza, el doble que el promedio nacional. La brecha racial no se ha eliminado.
Transferencias de activos: Han habido dificultades para aumentar las transferencias de activos hacia los sectores carenciados (educación, capital, etc.) por ej. para aumentar la cantidad y fortaleza de formas cooperativas. Los cambios en la matriz productiva y el mercado de trabajo son determinantes. ¿Cuáles son las metas en esos planos?
Redistribución: En un contexto internacional más desfavorable en lo económico, el tema redistribución se vuelve clave para evitar retrocesos sociales. Eso exige medidas de redistribución mayores, nuevos avances tributarios, más justicia social. El 20% más rico obtiene el 43% del ingreso total mientras el 20% de menores ingresos de la población tiene un 7%. Estudios recientes (De Rosa 2017) muestran que la riqueza en Uruguay está mucho más concentrada que el ingreso. El 10% más rico posee 62% de la riqueza neta total, el 1% (25 mil personas) tiene el 26%, y el 0,1% (2500 personas) concentra el 14%. El 0,1% de mayor riqueza controla más de la mitad de la riqueza financiera y más de 90% de la riqueza empresarial. Mientras la mitad de la población no tiene riquezas.
Intersectorialidad y territorio: Sin desconocer los esfuerzos realizados todavía falta para tener Planes Territoriales donde se combinen las políticas nacionales y las locales. Existen dispositivos claves para las políticas territoriales como escuelas, liceos, UTU, policlínicas, espacios culturales y deportivos. Experiencias como la de Sacude (Salud, Cultura, Deporte y Educación) en Montevideo muestran que pueden conformar dispositivos integrados, con acciones mancomunadas, que potencien sus fortalezas respectivas y la participación de la comunidad.
Participación social: La pobreza no es solo peripecia individual o familiar, sino que afecta a comunidades y conjuntos sociales. La participación y empoderamiento de los actores sociales es clave para abatir las desigualdades. En el movimiento obrero se ve a las claras mejoras laborales. Pero la debilidad de los actores comunitarios ha conspirado contra el desarrollo de mejores políticas sociales. La creación de redes territoriales no es solo una confluencia de actores distintos sino que puede ser una forma de enfrentar la fragmentación social. Falta un movimiento social fuerte en lo territorial.
Retrocesos culturales: Se han producido cambios regresivos en la valoración de la pobreza. En los 90 (Magnone y Rovner 2016) la opinión pública explicaba mayoritariamente la pobreza por una sociedad injusta. Esta visión ha retrocedido (47% en 2006 a 34% en 2011) y crece la que adjudica la pobreza a faltas de las personas (26% en 2006 a 45 % en 2011). La asociación jóvenes/pobres/delincuentes opera en el imaginario social junto a la inseguridad. Hay un componente ideológico de los procesos sociales que no está logrando sus metas. La sustentabilidad de las políticas contra la pobreza requiere apoyos ciudadanos sólidos. Cuando la ideología discriminadora gana terreno frente a los derechos, cabe preguntarse dónde están las carencias y los errores. El triunfo de Trump en Estados Unidos es una señal de alerta en ese sentido.
Estancamiento o retroceso: Los efectos de la crisis económica internacional están generando cambios en la región. Las políticas sociales y salariales aparecen supeditadas a otros objetivos como el control de la inflación y del déficit fiscal. Las lógicas de ajuste resurgen con fuerza. Esto se traduce en menos aumento del gasto público social y un estancamiento en la reducción de la pobreza. Los triunfos de opciones neoliberales en países como Argentina y Brasil promueven retrocesos sociales.
Democratizar la sociedad: Pensar la pobreza en términos multidimensionales implica también ver así su superación. El concepto de progreso multidimensional (PNUD 2016) propone el bienestar más allá del ingreso, y valorar las desigualdades por razones de género, raza, orientación sexual, edad o territorio, en las poblaciones situadas por debajo y por encima de la línea de pobreza por ingresos. A diferencia de quienes igualan crecimiento económico con desarrollo y suponen un crecimiento incesante, esta idea fundamenta que nada que disminuya los derechos de las personas, ni la sostenibilidad ambiental puede ser progreso. Las teorías del derrame han fracasado. Los conceptos de desarrollo y de progreso deben ser rediscutidos, lejos del modelo de la posguerra y la vieja Alianza para el Progreso. Enfrentar la pobreza en sus muchas dimensiones significa situarla en las luchas de democratización/concentración de nuestras sociedades. Democratizar la sociedad y el Estado es el principal desafío de este tiempo. En el asentamiento La Farola del Cerro 70 familias subsisten con una canilla de agua. No lo olvidemos. Hay demasiadas Farolas.
Pablo Anzalone / Fuente: Crónicas
(*) Lic. en Educación-Diplomado en Políticas Públicas e Innovación. Director Div. Salud IMM 2005-2007 y 2010-2015. Coordinador de la Junta Departamental de Drogas 2012-2015. Integrante del Colectivo El Taller www.cuadernosdeltaller.com