Brasil nos ha acostumbrado a una velocidad de vértigo. En la madrugada del pasado jueves, el Senado aprobó el tratamiento del pedido de «impeachment» o juicio político contra la Presidenta Dilma Rousseff, quien fue apartada temporalmente de su mandato mientras una Comisión a la que se integrará el Supremo Tribunal Federal estudia los méritos de la acusación. Sin más dilaciones, Michel Temer, el Presidente sustituto, ya nombró su gabinete, y se apresta a impulsar un nuevo paquete de medidas de ajuste. Todo sobre el cadáver caliente de su antecesora, como en una obra de Shakespeare, y sin que todavía el juicio haya terminado. Tudo legal, diría alguien. Pero en el fondo es: vale tudo.
El coro de la derecha latinoamericana se apresta al reconocimiento del Presidente en funciones, aunque todavía faltan seis meses para la destitución definitiva de Dilma y queda un juicio pendiente, pero ya Macri saludó a su nuevo aliado; ¡tienen tanto en común!
Reacciones dignas como la de El Salvador escasean en esta parte del mundo (sus autoridades no reconocieron al nuevo gobierno y retiraron su embajada), y el país que los ayudó a todos (a prevenir golpes de Estado en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Honduras, Paraguay), va quedando solo, mientras las elites vernáculas calculan que es mejor no jugársela mucho, porque quizás Temer se quede un buen tiempo.
¿De qué se acusa a Dilma? No se la acusa de un «delito» que personalmente pueda haber cometido (en cuyo caso la juzgaría la Justicia y no el Parlamento); se la acusa de un «crimen de responsabilidad». En su artículo N° 85, la Constitución de Brasil, se establece que «constituyen delitos de responsabilidad los actos del Presidente de la República que atenten contra la Constitución Federal y especialmente contra: I) la existencia de la Unión; II) el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los Poderes constitucionales de las unidades de la Federación; III) el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; IV) la seguridad interna del país; V) la probidad en la Administración; VI) la ley presupuestaria; VII) el cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales».
En este caso se la acusa de haber cometido un «crimen de responsabilidad fiscal» contra la Ley de Presupuesto, al haberse «excedido» en los gastos, y haber solicitado crédito a los bancos públicos para solventarlo, a los efectos de no aumentar el llamado «déficit fiscal» (la diferencia entre ingresos y gastos del Estado).
Como se deducirá del texto constitucional, la definición de «crimen de responsabilidad» contra la «Ley Presupuestal» es bastante amplia e imprecisa. Cabe al mismo Poder Legislativo «interpretarlo». Puestas así las cosas, elimpeachment es un arma de doble filo. Aunque pueda estar inspirada en la idea de la responsabilidad del Presidente frente al Parlamento, de hecho puede terminar en la destitución de un gobierno legítimo (es decir, elegido por la ciudadanía) por una mayoría circunstancial parlamentaria, que estirando el concepto de «crimen de responsabilidad» sustrae a la soberanía la decisión sobre «quién nos gobierna», la quintaesencia de la democracia. En el plebiscito de 1993, los parlamentaristas perdieron frente a los presidencialistas por goleada: 31% a 69%. Pero los parlamentarios de hoy están dispuestos a pasar sobre el voto de los brasileños una y dos veces.
Según reza el senador Armando Monteiro (Senador del Partido Trabalhista Brasileiro – PTB), el atraso del Tesoro en repasar los fondos para los bancos públicos (solicitado para hacer frente a los gastos de gobierno) no constituye un crimen de «responsabilidad fiscal». De hecho, afirma él, ni siquiera es una operación de crédito propiamente dicha, y es neutro desde el punto de vista de las metas fiscales. También es extremadamente difícil identificar el presupuesto jurídico que exige la vinculación de la Presidenta a esos actos de gobiernos, y que apunte a una lesión contra la Constitución que pudiera ser identificada.
Pero todos saben que de «responsabilidad fiscal» es de lo que menos pueden hablar los diputados y senadores que impulsaron el impeachment. Entre otras cosas, Dilma tuvo que interponer más de veinte vetos a proyectos de aumento de gastos aprobados por el Congreso, y que conducirían a un deterioro mayor de las cuentas públicas. Estos proyectos beneficiaban a la cúpula de los funcionarios públicos, a los defensores públicos, al Poder Judicial, permitían jubilaciones «precoces», y aumentaban los «viáticos» para senadores y diputados, e incluían el pago de enmiendas parlamentarias que éstos hicieran. Es lo que se llamó la «pauta-bomba» introducida en el Congreso contra la voluntad del Presidente. La farsa es completa: se acusa a Dilma de «irresponsabilidad fiscal» cuando Dilma estaba evitando que el Congreso usara al Estado federal para beneficiarse a sí mismo. Así de perverso es el proceso que se despliega ante nuestros ojos.
Frente a esto, poco importa la precisión en la naturaleza jurídica del objeto («crimen de responsabilidad fiscal»), como poco podemos esperar de la idoneidad moral o política de los acusadores. Para muestra basta un botón: Eduardo Cunha, Presidente de la Cámara de Representantes, acaba de ser apartado de su cargo por estar bajo proceso penal. Lo único que importó esque pudieron hacerlo; tuvieron los votos para hacerlo y lo consiguieron a través de una amplia maniobra política que haría sonrojarse al más perverso florentino de la política cortesana de la era de los Borgia.
Las mayorías especiales han sido conseguidas sobre la base de un pacto muy siniestro. En primer lugar, el acusador es el partido que perdió las elecciones, el Partido de la Social Democracia Brasileña – PSDB -fundado por Fernando Henrique Cardoso- y que viene disputando contra el Partido de los Trabajadores – PT, sin éxito, en los últimos cuatro comicios. Este partido gobernó Brasil entre 1994 y 2002. Luego de perder contra el PT, nunca más volvió a alzarse con el sillón presidencial, y es por eso que en el sentido común se entiende que si no consiguió entrar al gobierno por la puerta (ganar las elecciones en buena ley) pretende entrar ahora por la ventana. Tiene ya cuatro Ministerios en el ilegítimo gobierno que acaba de instalarse en Brasil, y al antiguo contendor de Lula y Dilma, José Serra, lo nombraron Canciller, como lo fuera en su época, Fernando Henrique Cardoso del gobierno de Itamar Franco, luego del juicio político a Collor de Melo. Todo un gesto.
El principal beneficiado de la destitución de Dilma es el Partido de Movimiento Democrático Brasileño – PMDB, claro está, el aliado del PT en las últimas dos elecciones. Fundado en la época de la dictadura, el PMDB está identificado en el «centro-derecha» del espectro ideológico, y es llamado por muchos un partido «fisiológico» del sistema: es parte «orgánica» de todos los gobiernos, sin tener bases programáticas ni soportes sociales. Temer es su protagonista. ¿Qué tiene para ganar el PMDB? Ser la cabeza del gobierno, y librarse del obstáculo molesto de una Presidenta que trató de ponerle límites a la corrupción, a la voracidad empresarial, e impulsar una agenda de derechos que se contrapone al poder de facto de las grandes corporaciones militares, mediáticas, empresariales y religiosas del Brasil.
El tercer socio de este pacto siniestro son las llamadas bases «BBB» del ultraconservador Congreso brasileño: la bancada evangelista (opuesta a cualquier iniciativa en materia de derechos sexuales y reproductivos, y a cualquier limitación a las miles de formas de subvención y exoneración de las actividades religiosas en uno de los países más religiosos de América Latina), la bancada militar (opuesta a la reducción del poder y prestigio de las Fuerzas Armadas en el país, y especialmente a la Comisión de la Verdad por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura) y la bancada ruralista (férrea defensora de un modelo de desarrollo basado en la gran concentración de la propiedad de la tierra y archienemigos de cualquier proyecto de reforma agraria).
Finalmente, el cuarto socio de este pacto son lo que podríamos llamar «las ratas»: pequeños partidos antiguos aliados del PT que rápidamente van a buscar un lugar al sol en la conformación del nuevo gobierno brasileño.
Pero hay un socio más en las sombras del pacto siniestro, y es el Poder Judicial brasileño. Acompañó el proceso, no se opuso nunca, y la propia Orden de Abogados de Brasil salió públicamente a defender elimpeachment. Consiguió a cambio de su lealtad al pacto, que los diputados y senadores votaran, en la «pauta-bomba» que Dilma consiguió parcialmente detener, un reajuste de salarios para el sector judicial de 59.5% de sus salarios, con un impacto en el período de 25 billones de reales (algo así como 7 mil millones de dólares).
La llamada «pauta-bomba» fue resistida por Dilma durante meses, a base de vetos. Ahora, sin duda, la aprobará el nuevo gobierno. Pero como no podrán seguir beneficiando a sus aliados indefinidamente (el déficit fiscal ya está en 11% del PBI), vendrá un ajuste feroz por un lado, reducción de los empleos públicos, recorte en derechos sociales y una privatización generalizada de activos públicos para pagar la cuenta. Las cuentas, por algún lado, tienen que cerrar. Macri lo está haciendo con la misma combinación: reducción de empleo público, aumento de la deuda argentina (que pagarán los hijos de los hijos) para pagar a los «fondos buitre», y para contrarrestar los enormes beneficios que le está dando al empresariado, un tarifazo gigante.
El gabinete de Temer destaca por su falta de atención a cualquier «sensibilidad social». Por primera vez desde la dictadura, no hay una sola mujer en 23 cargos. No debería llamarnos la atención de un hombre casado con una mujer cuarenta y tres años más joven, participante en concursos de belleza, y «recatada, formal y de su casa», como reseñó una taquillera revista brasileña. Por supuesto, no hay negros, ni mulatos. Con eso tenemos más de la mitad del país que no se sentiría representado, ya que la mitad de los brasileños son mujeres, y la mitad de la población se identifica como negra o mulata. Tampoco hay trabajadores. Son todos hombres blancos y adinerados. Es la vuelta a la política oligárquica de Brasil, sin ningún cuidado por las formas, como lo muestra la imposición de un gobierno por la fuerza, destinado a barrer treinta años de conquistas.
Dilma consiguió en estos últimos años aprobar la más ambiciosa ley anticorrupción, estableciendo penalidades para empresas que perjudiquen a la administración pública, y es sin duda, la figura política más intachable de Brasil. Una de las razones de su destitución, es su intransigencia con la corrupción. Sus aliados no la perdonaron nunca.
Dilma, acusada de «crimen de responsabilidad fiscal», fue la Presidenta que impulsó mayores medidas de austeridad en su período; redujo los gastos discrecionales del gobierno federal, quitó beneficios a los empresarios exportadores, redujo beneficios extraordinarios, y vetó todos los aumentos desorbitantes que los propios senadores y diputados se votaron.
Dilma dio el primer paso en el esclarecimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, instituyó la Comisión Nacional de la Verdad que identificó a trescientos setenta responsables de asesinatos y violaciones a los derechos humanos, sugiriendo juzgar a aquellos que siguen vivos: militares, policías y agentes públicos de la época.
Dilma promulgó en agosto de 2012 una de las leyes de acción afirmativa más ambiciosa de América Latina, reservando la mitad de los cupos de ingreso en universidades federales a egresados de liceos públicos negros, mulatos, indígenas y pobres.
Sí, es cierto que nombró a Katia Abreu como Ministra de Agricultura, pero también Lula había nombrado a Henrique Meirelles como Presidente del Banco Central. Sí, es cierto que hizo concesiones a la derecha y comenzó un ajuste fiscal al inicio de su gobierno cuando había prometido lo contrario. Todo eso es cierto, pero a no engañarse: el PT era (es) «la» alternativa a la derecha en Brasil. Decir que el «PT se había alejado de la gente» no es más que una verdad a medias que algún izquierdista nostálgico esboza como motivo de la caída de su gobierno por no aceptar la verdad más simple: no cayó, la voltearon. Y la tuvieron que voltear porque la derecha se volvió impaciente con el juego democrático: «si no logramos ganar las elecciones, lo hacemos por la otra vía», se dijeron.
Así, la maniobra destituyente que se perpetra en Brasil, no lo es sólo del partido de izquierda más importante de América Latina, sino de la propia democracia brasileña. La lucha por «Diretas Já» termina con un Presidente indirecto, la lucha por el poder político de las mujeres que Dilma encarnaba termina en un gabinete de exclusión total de las mujeres, la lucha del Brasil negro y popular termina con un gabinete de esos «estúpidos hombres blancos» de los que hablaba el documentalista Michel Moore. Un retroceso gigante en el protagonismo y liderazgo de un gigante subdesarrollado que había comenzado a caminar con sus propios pies, y corre el riesgo de ser ahora no más que una moneda de cambio en el club de los poderosos del mundo.
Uruguay tiene que ser claro y firme en su rechazo a lo que está pasando. Tiene que mostrar su mejor vocación republicana señalando con justeza la preocupación que lo embarga por la forma en que destituyen a una Presidenta legítima por una argucia legal sin fundamento. Más aún, tiene que manifestarse nítidamente señalando que el actual gobierno es un gobierno interino, mientras la Presidenta está sometida a juicio, y que se espera el veredicto final del Senado. Y nada de gestos ambiguos ni manifestaciones que puedan mostrar apoyo. Nuestro gobierno de izquierda tiene que ser inequívocamente solidario con el gobierno que el PT ganó limpiamente en las urnas hace diecinueve meses.
Debemos llamarnos a reflexión, especialmente mirando la forma de la causa por la que en Argentina se procesa a la ex Presidenta Cristina Fernández, y sobre cómo la economía pasa a dominar otra vez la política. Si estas formas siguen dominando, los poderes de los gobiernos para manejar la economía se van a reducir notablemente. Dilma hizo lo justo apelando a los bancos públicos por necesidades presupuestales. Si los Presidentes no van a poder tomar medidas económicas para auxiliar a sus presupuestos y financiar políticas, se van a quedar sin nada. Esta es la gran lección ejemplarizante de estas horas. Hemos luchado mucho para que la política triunfe sobre la economía. Este equilibrio es lo que hoy está en juego, y el Poder Judicial está llamado a ser un custodio fiel de intereses que distan de ser los del campo popular y sus aliados.